Apoyo Nacional contra el despido del maestro Daniel Solorio de BC
Catedráticos del país se Solidarizan con el maestro Daniel Solorio, arbitrariamente despedido de la UABC; Envían Carta de apoyo a la Comunidad, al Congreso de BC, y al Gobernador del Estado de BC.
Sergio Aguayo Quezada y otros
Mexicali, B.C.
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS A LA XX LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
C. JOSE GUADALUPE OSUNA MILLÁN, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
C. HERIBERTO GARCÍA GARCÍA, PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
C. FELIPE CUAMEA VELÁZQUEZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (UABC)
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO EN GENERAL
EL DESPIDO DEL MTRO. DANIEL SOLORIO DE LA UABC
MUESTRA LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO
Mucho se ha dicho que México está hoy a la vanguardia en la protección de los derechos humanos en el mundo, a consecuencia de las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011 y de las reformas a la Ley de Amparo del mismo mes y año. En efecto, ha sido un gran avance y un logro de la sociedad civil.
Pero una cosa es que las reformas se aprueben y se establezcan como normas, y otra es que se hagan realidad. Lograr que las autoridades entiendan estos principios y los apliquen en su función pública es un gran reto. Como ejemplo, los últimos acontecimientos sucedidos en la UABC.
Quienes suscribimos la presente, queremos dejar evidencia de la flagrante violación a los derechos civiles y laborales del Maestro DANIEL SOLORIO RAMÍREZ por parte del Rector de la UABC, Dr. Felipe Cuamea Velázquez. Las razones esgrimidas para su despido y la forma como se ejecutó lastiman a la sociedad.[1] No es un hecho aislado.
Daniel Solorio Ramírez es abogado egresado de la UNAM, con Maestría en Derecho Público por la UABC titulado con Mención Honorífica. Fue Abogado General de esta institución y director de la Facultad de Derecho de la UABC-Campus Mexicali. Es catedrático de tiempo completo de esa Facultad con 36 años de antigüedad, ex Consejero Ciudadano de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California y socio fundador y Consultor Jurídico de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C., entre otras de sus actividades.
Ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión al interior y al exterior de la institución, el Maestro Solorio Ramírez ha sido un persistente defensor de la autonomía universitaria, de la elección democrática del Rector de la UABC, de la Junta de Gobierno y del Consejo Universitario, así como del Derecho a la Educación Superior de los jóvenes.
Consecuente con lo anterior, ha iniciado múltiples acciones legales para hacer valer estos derechos y ha escrito varios trabajos publicados en los medios de comunicación y en el Observatorio Académico Universitario,[2] espacio virtual que la comunidad académica de la UABC ha creado para la libre manifestación de las ideas, ante la cerrazón de las autoridades universitarias y la falta de espacios de diálogo y de debate de ideas al interior de la propia institución. Además, es un conocido activista solidario con los movimientos por la justicia social en la entidad y el país.
Resulta indignante la forma en que fue despedido el Maestro Daniel Solorio de la Facultad de Derecho en Mexicali el 13 de marzo pasado, en un penoso incidente de discriminación, delante de sus propios alumnos, en un acto de fuerza ejecutado por “inspectores” de la UABC sin darle oportunidad de diálogo y a su Derecho de Audiencia, precisamente en el lugar donde se enseña a los futuros abogados los valores de justicia, legalidad y el conocimiento del derecho.[3] Ello representa un duro mensaje a los estudiantes y a los académicos e investigadores críticos de la institución.
Lo que a nuestro juicio hay en el fondo de esta acción es el intento de suprimir toda crítica al interior de la UABC, justo en el lugar que debe ser el templo de la sabiduría, de la libre manifestación de las corrientes del pensamiento humano y de la universalidad de las ideas, sobre todo tratándose de una universidad pública. Con ello, se anulan los principios plasmados en los artículos 1º. y 3º. constitucionales.
La UABC, al igual que otras universidades públicas del país –con sus distinguidas excepciones-, ha sido durante muchos años rehén de personajes y grupos vinculados al poder, que no dudan en usar su influencia política para imponer al Rector en turno, quien debe seguir fielmente la línea de sus mentores. Es hora de poner fin a esto.
En los últimos años, es del dominio público que el Dr. Alejandro Mungaray Lagarda, ex Rector de la institución, actual integrante de la Junta de Gobierno y Secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, toma las decisiones en la UABC, incluida la “elección” del Rector, los vicerrectores, los miembros de la Junta de Gobierno, los directores y subdirectores de las facultades y escuelas y de otros funcionarios universitarios. De ahí la notoria falta de independencia, oficio político, sensibilidad social y capacidad para dirigir los destinos de la institución por parte del Dr. Felipe Cuamea, con la consecuente afectación a la autonomía universitaria.[4]
Para dar cuenta del nepotismo y del poder con el que cuenta Mungaray Lagarda, su esposa, Patricia Moctezuma, es coordinadora de Posgrado e Investigación de la UABC. Alejandro Mungaray Jr. es profesor de tiempo completo y coordinador de la Carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería en Mexicali; Ana Bárbara Mungaray Moctezuma, su hija, es profesora de tiempo completo y coordinadora del doctorado en estudios globales de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Marcela Mungaray, hermana del secretario, es docente de tiempo completo en la Facultad de Humanidades en Tijuana. Su otra hermana, Elsa Rebeca Mungaray, intentó ser rectora y fue durante 12 años profesora en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en Ensenada. José David Ledezma, hoy vicerrector en Tijuana, trabajó muy de la mano de Alejandro Mungaray y Patricia Moctezuma en la Facultad de Economía.[5]
Por otro lado, es notoria la alineación oficial de la UABC al modelo de educación superior impuesto desde los centros financieros internacionales, basado en las necesidades del mercado más que en las necesidades humanas, que fortalece a la educación privada por sobre la educación pública. Lo anterior, en detrimento de la calidad de la enseñanza y, por ende, de los ingresos de los egresados una vez colocados en los puestos de trabajo formal o informal.
Como miembros de la sociedad civil nos interesa, nos preocupa y nos afecta lo que sucede al interior de la UABC, que de ninguna manera es patrimonio de las autoridades universitarias y del gobierno estatal, sino del pueblo de Baja California, por lo que demandamos:
Al Honorable Congreso del Estado de Baja California: Promover en lo inmediato una CONSULTA PÚBLICA amplia para que se realicen los estudios legislativos necesarios, a fin de reformar la Ley Orgánica de la UABC, que garantice la autonomía de la institución y la democratización de sus órganos de gobierno, incluida la elección del Rector;
Al C. Gobernador del Estado José Guadalupe Osuna Millán: Como una muestra de congruencia política y de actitud Republicana, tomar una decisión de Estado respecto al Dr. Alejandro Mungaray Lagarda, si deberá seguir en la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal o en la Junta de Gobierno de la UABC;
Al Procurador de los Derechos Humanos: Con base en las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011 y por ser de su competencia, recibir el presente escrito en vía de QUEJA FORMAL, por la presunta violación a los derechos civiles y laborales del Maestro Daniel Solorio Ramírez por parte del Dr. Felipe Cuamea Velázquez, Rector de la UABC;
Al Rector Felipe Cuamea Velázquez: Que como una muestra de voluntad de diálogo, respeto a los derechos humanos, a las diferencias ideológicas y de opinión y a las libertades de expresión y de cátedra, REINSTALE DE INMEDIATO y con sus prestaciones de ley al Maestro Daniel Solorio Ramírez, en el puesto de catedrático de tiempo completo que venía desempeñando en la Facultad de Derecho de la UABC-Campus Mexicali, desde hace casi 37 años.
Por todo lo expuesto estamos solicitando a todas las autoridades apuntadas en este documento:
UNICO.- Acordar favorablemente lo solicitado y mantenernos informados de todo el proceso, para lo que señalamos como representantes comunes de todos los promoventes a Silvia Beltrán Goldsmith (silviabeltrang@yahoo.com.mx) Martha Elvia García García (marthaelvia@hotmail.es) y Raúl Ramírez Baena (ccdhbc@gmail.com), con domicilio para notificaciones en Electricistas 2033-altos, colonia Libertad de esta ciudad de Mexicali y los teléfonos celulares (686) 113-76-25 y (686) 150-64-61, respectivamente.
Atentamente:
Sergio Aguayo Quezada (investigador Colmex), Axel Didriksson (Centro de Estudios sobre la Universidad, UNAM), John. M. Ackerman, Carlos F. Natarén Nandayapa, Rodrigo Gutiérrez Rivas (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM), Sara Cruz Velazco (Consejera Universitaria, UNAM), Flavio Barbosa Cano (Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM), Alberto Aziz Nassif, Yacotzin Bravo Espinoza, Jorge Alonso Sánchez (Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social), David Cienfuegos Guerrero (El Colegio de Guerrero), Ana Lidia Murillo Camacho (Asociación Sinaloense de Universitarias, AC), Marco Velázquez (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), Aline Magaña Zepeda (Facultad de Economía UNAM), Helena Varela Guinot (UIA, doctora en Ciencia Política Universidad Autónoma de Madrid), José Bautista Farías (ITESO), Héctor Díaz Santana (CIECAS-IPN), Benjamín A. Cervantes Pérez, (Tribuno Popular, UNAM), Flavio Barbosa de la Puente (SCI Centro), Luis Lorenzo Córdova Arellano, Mylai Burgos Zamora, Aleida Hernández Cervantes, E. Lilia López López, Jorge Peláez Padilla, Elías Israel Morado Hernández (profesor@s de posgrado e investigador@s, Facultad de Derecho, UNAM). Clara Jusidman, Sergio Ramírez Caloca, Karime Suri, Ma. Eugenia de Alba M. (Incide Social, AC), Patricia S. Bedolla Zamora (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Observatorio Nacional contra el Feminicidio), Flavio Lazos Garza (Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC), Consuelo Morales Elizondo (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC, Monterrey), Imelda Marrufo N. (Mesa de Mujeres de Cd. Juárez), Elio A. Villaseñor Gómez (DECA, Equipo Pueblo), Jesús Robles Maloof (Academia Mexicana de Derechos Humanos, AC), Eréndira Cruzvillegas Fuentes (Comisionada de Derechos Humanos, Oaxaca), Claudia Cruz (Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, AC), Daptnhe Cuevas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario), Christian Rojas Rojas (Inclusión y Equidad, AC), Al Rojas (Frente de los Mexicanos en el Exterior, AFL-CIO), Marta Sánchez Soler (Movimiento Migrante Mesoamericano), Pilar Noriega García (abogada), Martín Faz Mora (Educación y Ciudadanía, AC, San Luis Potosí), Mauricio del Villar (Oaxaca), Gabriel Sánchez Díaz (Presencia Ciudadana Mexicana, AC), Gabriel Sánchez Díaz, Ana Romero, Claudia Valdez Velandia, Leticia de Cossio, Bazdresch Parada, Julio Miguel Ángel, Juan José López Gutiérrez, Ma. Isabel Martínez Rocha, Roberto Verdugo Romero, Leticia de Cossío (Comité Conciudadano para la Observación Electoral), Víctor Alejandro Espinoza Valle, Salvador Corrales, Ricardo Santés, Alfonso Andrés Cortez, Félix Acosta Díaz (académicos e investigadores, Colef), Sara Amelia Islas (Universidad Iberoamericana Campus Tijuana), Ricardo Rivera de la Torre (abogado). Mónica Paulina González Portillo (indígena Cucapá), Ofelia Montes Cruz (presidenta, Congreso del Trabajo-Mexicali), Graciela Garza Treviño, Lourdes Sánchez (Mujeres por un Mundo Mejor), Blanca Villaseñor, Mónica Oropeza, (Albergue del Desierto), Lorena Rosas Chávez, José Julio Santibáñez Alejandre, Leslye Karina Díaz Zamora, Raúl Ramírez Baena (Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC), Herman López Frank (Colegio de Abogados de Mexicali), Arturo Meza (Centro de Apoyo al Trabajador Migrante, AC), Salomón Alvarado Juárez (Consejo Consultivo de la CDI), Miguel Ángel García Leyva (Asociación Esperanza Contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, AC), Maricarmen Rioseco G. (Grupo de Mujeres Alaide Foppa, AC), Rebeca Maltos (Diversa), Diana Briseño (Colectivo para la Promoción del Desarrollo Integral, AC), Álvaro de la Chica (Alianza Cívica Ensenada), Filiberto Pozos Zurita (Centro Estatal de Asuntos Indígenas, AC), Eleazar Castro Gaxiola (profesor UPN-Mexicali), Lorenzo Cortez (jubilado ferrocarrilero), Roberto Farías Martínez, Carlos Maya Quevedo (médicos), Rafael Olivera (profesor UPN-Tijuana), Olga Alicia Aragón, Javier Cruz Aguirre (A los Cuatro Vientos), Adelina Solís (Visión Alternativa, AC), Martha D. González Aguilar (Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, AC), María Guadalupe González Boland (socióloga UABC-Ensenada), Silvia Beltrán Goldsmith, Martha Elvia García, Juan Carlos Ruíz Rubio, José Luis Alonso Vargas, Camila Campos, Aida Canett Larrinaga, Flor Elena Mora Corrales, Silvia Reséndiz Flores, Ricardo Briseño, Víctor Manuel Aguilar (activistas).
