H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco

Compra de cinco millones de votos

La elección presidencial está lejos de concluir. No todo terminó con el anuncio del consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, de la virtual victoria de Enrique peña Nieto en las urnas, ni con las posteriores felicitaciones; no sólo las del presidente Felipe Calderón, sino de varios mandatarios del mundo –incluso de lugares tan lejanos como Tailandia, como presumieron los tricolores–; ahora el PRI enfrenta acusaciones de compra y coacción de votos, es decir, de ganar ilegalmente y de llegar a Los Pinos de manera ilegítima.

Como en el 2006, el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, denuncia que hubo irregularidades en los comicios electorales y señala al PRI como el máximo beneficiado de esta situación. Inclusive, en conferencia de prensa el pasado 12 de julio, el tabasqueño acusó que el tricolor “compró” 5 millones de votos.

López Obrador anunció que su equipo jurídico, encabezado por el recién elegido gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, presentó el juicio de inconformidad correspondiente ante las autoridades electorales.

“Llamo a todos los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la constitución; que no se cancele en lo hechos la vía democrática. Proceder de otra manera sería renunciar a nuestros derechos constitucionales. No podemos admitir la ‘antidemocracia’ como forma de vida y como sistema de gobierno”, dijo el pasado jueves en conferencia de prensa.

El coordinador del programa denominado “Defiende tu voto por AMLO”, Martí Batres Guadarrama, presentó 441 denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de las cuales, 297 son por compra de votos, 16 por desvío de recursos, 12 por actos de violencia, siete por prácticas fraudulentas tradicionales y 18 por coacción y represión para la obtención del voto.

El ex secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal dijo que tenían pruebas sobre propaganda en veda electoral, dinero a cambio de credenciales de elector, coacción a alumnos para que las credenciales de elector de sus padres fueran utilizadas para permitirles el ingreso a su plantel escolar; incluso de “propaganda negra” contra López Obrador y destrucción de boletas electorales. También se registraron quejas por actos de violencia electoral, entre otras artimañas.

Martí Guadarrama fue puntual al señalar que de las 441 quejas, 200 atañen al PRI, mientras que 17 son contra el PAN, 13 contra el Partido Verde.

Evidentemente, el PRI anunció que acudirán al Tribunal Electoral para defender su triunfo que califican de legítimo, inclusive, la secretaria del tricolor, Cristina Díaz, instó a López Obrador a presentar las pruebas de sus acusaciones.

Enrique Peña Nieto, hasta ahora ganador de la contienda electoral, comentó que esas acusaciones son un “engaño de la oposición”, que buscan deslegitimar los resultados expresados en las urnas; dijo que el propio Felipe Calderón había caído en la mentira.

El costo de la compra de votos

Las pruebas de esta compra de votos giran en torno a tarjetas de prepago de la tienda Soriana, que supuestamente repartieron los priístas a sectores populares a cambio de su voto.

También se habrían usado monederos electrónicos del grupo financiero Monex y, según denunciaron Dione Anguiano y Karen Quiroga, recién electas diputadas local y federal, respectivamente, se repartieron tarjetas de teléfono en las zonas marginales del Distrito federal y áreas conurbadas.

Ante la ola de pruebas que han inundado las redes sociales, así como algunos medios masivos de comunicación, el propio presidente Felipe Calderón reprobó la compra de votos durante la campaña. Un día después, la plana mayor del PAN, encabezada por el líder nacional blanquiazul, Gustavo Madero, alzó la voz en contra de estas acciones, aunque advirtieron que no acompañarían al PRD en su búsqueda por la anulación de las elecciones.

De hecho, la propia titular de la Fepade, Imelda Calvillo, dijo que el organismo a su cargo investiga la presunta compra de votos mediante los monederos electrónicos de Soriana, ya que al ser un delito electoral se persigue de oficio, a pesar de que no se hubiera presentado denuncia formal de representante o partido político alguno. También dijo que en el caso Monex, sí se recibió una denuncia y ya comenzaron las diligencias para iniciar las pesquisas.

Sin embargo, parece que el castigo más doloroso que le pudieron infligir a Soriana se reflejó con la pérdida de cerca de 414 millones de dólares de su valor en la Bolsa Mexicana de Valores, en el periodo comprendido entre el 1 y el 9 de julio.

El panorama poselectoral se ha visto empañado por acusaciones, impugnaciones y la exigencia de AMLO para que se anulen los resultados de los comicios del 1 de julio, mientras que los órganos electorales argumentan que están recabando pruebas, aunque juran y perjuran que las elecciones, si bien no fueron prístinas, no se fraguó ningún fraude.

Cinco maneras de coaccionar el voto: Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía, representante ante el IFE del Movimiento Ciudadano, y Jaime Cárdenas, diputado del PT, señalaron que hubo cinco vías para compra de votos en las pasadas elecciones, lo que benefició directamente al PRI.

1) Los abogados citan el desvío de presupuesto público de gobiernos estatales y municipales. “Se consumieron todo el presupuesto público con tal de que ganara Peña Nieto”, afirmó Mejía Berdeja en una entrevista con Animal Político en la sede del Movimiento Ciudadano.

2) Condonación de impuestos como el predial o la tenencia vehicular.

3) Inyección de recursos a la campaña del PRI en Zacatecas por parte de dos grupos financieros extranjeros llamados Global Capital Group y Global Net Services.

4) Presunta compra del voto vía la entrega de tarjetas de beneficios para canjearse en las tiendas de autoservicio Soriana, o también, con crédito para hacer llamadas telefónicas. “Sólo en el Estado de México hubo 1 millón 800 mil tarjetas. Había puñados de tarjetas que iban desde los 100 hasta los mil 750 pesos”, aseguró Mejía.

5) También implica tarjetas, pero con presuntos depósitos en efectivo hechos a través del Grupo Financiero Monex. “Concatenadas cada una arma una operación que consideramos es la más escandalosa del país en compra de votos”, afirma Mejía Berdeja.

Para allegarse de las pruebas que han resultado en la cifra de 5 millones de votos presuntamente comprados, el Movimiento Progresista acepta que una de las fuentes a las que más han recurrido son las redes sociales.


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