Urgente priorizar derechos de los pueblos indígenas: AI y CIDH

Urgente priorizar derechos de los pueblos indígenas

Tanto  Amnistía Internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) semanas atrás, señalan la urgente necesidad de que los Estados y Gobiernos en general pero sobre todo los de América le den prioridad a los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La Organización Amnistía Internacional, en un informe publicado antes del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que se conmemora el 9 de señala que en toda América dan mayor importancia a intereses económicos  que a la supervivencia física y cultural de miles de indígenas.

El informe analiza el incumplimiento por parte de los gobiernos de su obligación de consultar con los pueblos indígenas en relación con proyectos de desarrollo como carreteras, ductos, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras a cielo abierto que se llevan a cabo en sus tierras ancestrales o en las proximidades.

“Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten. Hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos”, ha manifestado Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.

“Los grandes proyectos pueden tener un importante impacto negativo sobre las comunidades indígenas, y sólo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre, previo e informado.”

Las deficiencias por parte de los gobiernos, documentadas en el informe de Amnistía Internacional, incluyen falta de transparencia y buena fe, amenazas y presentación de cargos infundados contra líderes que cuestionan los proyectos, además del hecho de que no controlan la actuación de las empresas ni ofrecen reparaciones a las comunidades afectadas cuando se producen abusos.

En México, por ejemplo, los indígenas wixárikas piden al gobierno que cancele las concesiones mineras para realizar actividades de exploración y explotación en Wirikuta, región del estado de San Luis Potosí que es fundamental para la herencia cultural, las tradiciones y las formas de vida de los wixárikas. Los wixárikas llevan a cabo peregrinaciones y ceremonias tradicionales cada año en Wirikuta, actividades que, en opinión de la comunidad, están en peligro con los proyectos mineros desarrollados en su territorio. Los indígenas wixárikas afirman que no han sido consultados sobre esos proyectos. Aunque el gobierno anunció recientemente la cancelación de algunas concesiones mineras en una pequeña zona de Wirikuta, muchas otras siguen en vigor, y la mayor parte del territorio continúa abierto a las actividades extractivas.

En Ecuador la comunidad indígena de Sarayaku –que se enfrentaba a la posibilidad de perder partes de sus tierras ancestrales a causa de un proyecto petrolífero sobre el que no se les había consultado– presentó su reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la instancia más alta en la región.

El mes pasado, la Corte falló que Ecuador tiene la obligación de llevar a cabo una consulta adecuada y participativa con la comunidad de Sarayaku, realizada de buena fe, conforme a sus prácticas culturales, y con el fin de llegar a un consenso antes de seguir adelante con un proyecto que puede afectar a su territorio. La sentencia de la Corte sienta un precedente jurídico para otros países de América.

Gobiernos de países de todo el continente americano se han abstenido de controlar la actuación de las industrias extractivas, aunque afecte a comunidades locales.

Desde 2003, la empresa canadiense Goldcorp Inc explota una mina en el departamento de San Marcos, en Guatemala. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la zona viven al menos 18 comunidades indígenas mayas que se han visto afectadas directa o indirectamente por la mina. Miembros de la comunidad han denunciado que la mina ha afectado a todos los aspectos de su vida, desde la contaminación que genera hasta desacuerdos en el seno de las familias y hostigamiento de quienes critican el proyecto.

Personas que residen en la zona han denunciado la ausencia de una consulta significativa sobre el proyecto. Según Carmen Mejía, indígena de San Miguel Ixtahuacán, “la empresa empezó a operar de una manera ilegal aquí, en nuestro territorio, engañándonos. Porque ellos nunca nos consultaron, nunca nos dijeron […] que iba a tener […] todos estos impactos negativos, […] que iba a generar todo este conflicto”.

“El desarrollo económico puede contribuir al respeto por los derechos humanos. Pero no debe perseguirse a costa de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, ha declarado Mariano Machain.

Amnistía Internacional pide a los Estados de América que tomen medidas concretas para que se haga realidad el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se eviten nuevas violaciones de sus derechos humanos.

El informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos indígenas de América está disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR01/005/2012.

CIDH urge a Estados Miembros a velar por respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas

Por suj parte y con ocasión de la reciente celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a los Estados miembros de la OEA a velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en especial sus derechos a la protección de las tierras que han oocupado históricamente y los recursos naturales de esos territorios, así como su derecho a la consulta previa, libre e informada con respecto a las decisiones que puedan afectarlos. Asimismo, la CIDH manifiesta su preocupación por la situación de pobreza y pobreza extrema en la que se encuentra un alto porcentaje de la población indígena en el continente, expresada particularmente en la desnutrición crónica de niñas y niños indígenas.

La protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia para la CIDH. Esto se debe a que el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una unidad económica sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra.

La CIDH considera que para el goce efectivo del derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que han usado y ocupado tradicionalmente, resulta fundamental que los Estados garanticen el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa, libre e informada con respecto a las medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos, implementada de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Como ha explicado la CIDH en su Informe sobre Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, el derecho a la consulta se vincula con múltiples derechos humanos individuales y colectivos, como el derecho a la participación e identidad cultural.


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