Delincuente bien organizada

Elba Esther Gordillo

Poco antes de la una de la tarde del miércoles y tras pasar su primera noche en el penal de Santa Martha Acatitla, Elba Esther Gordillo apareció tras la rejilla de prácticas del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, para rendir su declaración preparatoria.

Vestida aún con ropa de su propiedad y atado el cabello hacia atrás, Gordillo Morales fue enterada de los delitos que pesan en su contra: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Conductas que por su gravedad le impedirán gozar a ella y a sus presuntos cómplices—Isaías Gallardo Chávez, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez y José Manuel Díaz Flores — del beneficio de la libertad provisional bajo caución en tanto se resuelve su situación jurídica.

Luego de escuchar los cargos que se le imputan en voz del secretario de acuerdos del juzgado federal, Jorge Alberto Bernal Reyes, la maestra Gordillo se negó a declarar y delegó esa responsabilidad en su equipo de abogados, encabezado por el ex subprocurador de la PGR, Arturo Germán Rangel.

—Usted tiene el derecho de declarar en el sentido que lo estime pertinente o bien, abstenerse de declaración alguna. ¿Cuál es su deseo? —le preguntó el secretario.

—Me reservo el derecho a declarar en todo y absolutamente, que sean mis abogados los que se hagan cargo  de ello —respondió.

La dirigente sindical fue trasladada la mañana de ayer del penal de Santa Martha Acatitla al Reclusorio Oriente, donde se encuentra ubicado el juzgado que ordenó su captura por presuntamente utilizar los recursos del sindicato de maestros para pagar cuentas personales millonarias y propiedades en el extranjero por un monto de más de 2 mil 600 millones de pesos.

Enseguida, tras ejercer su derecho constitucional para no declarar ni ser interrogada, Gordillo —a quien por momentos se le pudo apreciar nerviosa durante la diligencia y tomar aire para conservar la serenidad—  solicitó al juzgado de distrito cuidados particulares respecto a su salud y alimentación debido a los padecimientos que sufre.

“Tengo un problema de salud que amerita  que yo esté supervisada por mi médico; carezco de un riñón, tengo un solo riñón y padecí hepatitis C; no tengo un riñón porque el otro lo doné (…)”

Fue entonces cuando el secretario le pidió declarar más despacio para que se redactara el acta.

—Perdón, ando acelerada, a ver, ¿lo podría sintetizar? —dijo Elba.

—Claro —respondió el funcionario del juzgado.

“Estoy solicitando la atención médica de mi doctor que sabe qué puedo comer, qué no  puedo comer por problema renal, por problema de que tuve hepatitis C y padezco hipertensión”, reveló la ex priista.

Al igual que la líder de los maestros, Gallardo Chávez y Díaz Flores —quienes de acuerdo con la indagatoria de la PGR efectuaron movimientos bancarios con recursos del sindicato de maestros y pagaron deudas comerciales con ese mismo dinero— también se reservaron su derecho a declarar.

Por petición de la defensa de Gordillo Morales será hasta el próximo lunes alrededor de las diez de la noche cuando a más tardar se resuelva la situación jurídica de su cliente, al haber solicitado la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas.

Es decir, que será hasta entonces que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales determine si Gordillo y sus presuntos cómplices enfrentarán o no proceso penal por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La ampliación del plazo constitucional pretende, por parte de la defensa de la líder magisterial presentar durante las próximas horas pruebas a favor de su defendida que pudieran ayudar a que se ordene su libertad por falta de elementos en el expediente que desde este miércoles quedó en manos del poder judicial federal.

A la diligencia judicial no se permitió la entrada de los medios de comunicación, por lo que se implementó un circuito cerrado de televisión a partir del cual fue posible seguir parte de la declaración de Gordillo Morales.

Inician los cateos

El subprocurador general de la República, Alfredo Castillo Cervantes, afirmó que ya iniciaron los operativos de cateos y aseguramientos de las cuentas de la maestra Gordillo, acusada de desviar 2 mil 600 millones de pesos de las arcas del SNTE.

“La Procuraduría está haciendo las dirigencias correspondientes, tanto lo que tiene que ver con el aseguramiento de bienes inmuebles, el cateo de los mismos, así como el aseguramiento y congelamiento de cuentas bancarias”, reveló.