Deporta E.U. a delincuentes mexicanos sin avisar

José Guadalupe Osuna Millán se pregunta por qué autoridades federales no optaron por Coahuila, Nuevo León y Chihuahua.

José Guadalupe Osuna Millán se pregunta por qué autoridades federales no optaron por Coahuila, Nuevo León y Chihuahua.

Baja California, México.- El gobierno de Baja California ha recibido en este año a 25 mexicanos excarcelados en  California, ellos tenían órdenes de aprehensión en México por homicidio, pero las autoridades de Estados Unidos entregaron sus datos biométricos 15 días después de la deportación.

Estados Unidos continúa con la deportación masiva de mexicanos que debido a la inseguridad que se vive en la frontera se ha acordado con nuestro país que los connacionales entren por Baja California; pero muchos de ellos son ex presidiarios entregados a las autoridades mexicanas sin protocolo de identificación.

El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, se pregunta por qué autoridades federales eligieron el paso por Tijuana y Mexicali y no se optó por Coahuila, Nuevo León y Chihuahua.

El investigador Rafael Alarcón del Colegio de la Frontera Norte (Colef) informó que en 2010, de 392 mil deportados, 195 mil fueron clasificados como extranjeros criminales en situación irregular por lo que alerta sobre la práctica de remoción de criminales.

De acuerdo a una encuesta aplicada por el Colef muestra que 92 por ciento de los criminales expulsados cometieron infracciones leves , 6 por ciento cometieron un delito nivel 2 y sólo 2 por ciento estuvieron en prisión por una falta grave o mayor.

Por su parte tanto el  mandatario como el procurador de la entidad lamentan que Baja California sea receptáculo de una política de despresurizacion de las cárceles del vecino país, con el único fin de reducir costos.

Los hechos derivan de que el pasado mes de febrero de 2013 la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) revelara que había comenzado con la salida de inmigrantes indocumentados con delitos menores de los centros de detención ante la posibilidad de recortes indiscriminados al gasto público.

Según los datos oficiales, entre 1982 y 2001 en Estados Unidos los presupuestos estatales para los correccionales se triplicaron, hasta llegar a casi los 54.000 millones de dólares, mientras que a finales de 2012 el gasto era un 9 % inferior.


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