H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco

Gobierno utiliza paramilitares para disputar zonas petroleras

Alberto Buitre

Huatla, Hidalgo - Un conflicto entre indígenas y paramilitares por la posesión de tierras petroleras sacude esta zona de lomas cálidas al norte de la Sierra Madre Oriental. A 75 años de la expropiación petrolera y mientras Enrique Peña Nieto y el Pacto por México aprueban la reforma energética, indígenas de la etnia nahuadenuncian la incursión de paramilitares con la intención de obligarlos a vender sus tierras. Ahí yacen 500 millones de dólares de ganancia en hidrocarburos.

Empresas nacionales y extranjeras, como la estadounidense Halliburton, aguardan expectantes, mientras gozan de licitaciones para la exploración de pozos. Pero los comuneros se niegan a vender su territorio; frente a esto, el gobierno mexicano se vale de paramilitares y del mismo del ejército para quebrar la resistencia, según la denuncia. Pero el tema no es nuevo. El conflicto ya cumple más de 30 años. El saldo: más de 200 indígenas muertos, cuyos asesinatos no se han esclarecido. El caso es reconocido como un “tema pendiente” por el mismo secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

Ligado históricamente a la Huasteca, cuando su activismo en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Álvarez Icaza resaltó de forma breve en una entrevista previa que esta región “ha sido un referente de muchas luces, de mucha gente que ha luchado sobre todo en el movimiento indígena, y de algunos pendientes históricos en términos de masacres, de desapariciones, que no han sido aclaradas y que siguen esperando el turno de la justicia”.

Pero ese movimiento indígena que en las décadas de 1970 y 1980, recuperó las tierras para sus legítimos dueños, hoy está convertido en un bloque de autodefensa. Enfrente está la intención de Petróleos Mexicanos (Pemex) por extraer millones de dólares en petróleo de esos territorios recuperados. Para ello le acompañan las petroleras estadounidenses Halliburton, Schlumberger, Driller Technologies e ICA Fluor Daniels, a quienes están licitadas la exploración y explotación de los hidrocarburos que se hallen bajo este suelo, según datos de la misa paraestatal.

En la Huasteca sabemos que estamos encima de un mar de petróleo y lo están explotando”, reconoce Pedro Hernández Flores, presidente del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (Codhhso). Y denuncia: “Lo de la militarización, atrás está el petróleo. La paramilitarización, atrás está el petróleo”.

Señala que la iniciativa petrolera tiene como vanguardia al conocido Programa de Certificación de Derechos Ejidales – Comunales (PROCEDE); un ambicioso proyecto agrario echado a andar en el año 2003 por el ex presidente Vicente Fox. Dice que con ello se pretende la liquidación de los ejidos mediante su parcelación; y una vez dividida la tierra, “explotar el petróleo”.

De acuerdo con información pública de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el PROCEDE es un programa “voluntario” para convertir la propiedad ejidal en mercado de tierra “a través de la celebración de contratos de enajenación de derechos ejidales (cesión, compraventa, donación) o mediante la aportación de tierras de uso común que realizan los ejidos y comunidades a sociedades civiles o mercantiles”.

Pero cuando los campesinos no aceptan el PROCEDE y, en consecuencia, niegan la entrada de PEMEX a sus tierras, arriban grupos armados para obligarlos. Según denuncia el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ), esos son comandos paramilitares conformados por militantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) adscrita al PRI, la misma señalada de perpetrar en 1997 la masacre de 45 tzotziles –incluidos niños y mujeres embarazadas-, en Acteal, Chiapas.

En entrevista, el FDOMEZ – conformada en 1980 para agrupar la resistencia indígena-, coincide en que la paramilitarización pretende abrir camino a la explotación petrolera en la Huasteca. Que los paramilitares son los encargados de extorsionar, amenazar y perseguir a los indígenas renuentes, a quienes les realizan visitas sorpresa a su domicilio; les llaman por teléfono para amenazarlos de muerte; hostigan a familiares para obligarlos a abandonar sus casas. Es una “guerra de baja intensidad”, a la cual también se suma el Ejército mexicano, acusa.


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