El dueño de Bellas Artes

Vertebral

1-El dueño de Bellas ArtesRecientemente, ha circulado en las redes sociales un video donde un grupo de personas pacíficamente, toma fotos a las afueras del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, lo que ocurre después, transita de la hilaridad a la impotencia. Como extraído de alguna cinta chusca de Cantinflas, en el video se aprecia como un policía aborda a las personas, para solicitarles que dejen de tomar fotos, pues a decir de este, el lugar “es propiedad privada y el dueño legítimo, puede molestarse”. Ante la indignación de los presentes y por si esto no fuera suficiente, aparece una media docena de agentes de seguridad privada, quienes repiten la misma cantaleta: “no pueden grabar ni tomar fotografías, es propiedad privada”. La molestia ciudadana va en aumento y ante semejante disparate, el video muestra claramente como las personas se arremolinan alrededor del lugar, para burlarse de la actitud de los agentes.

Aunque pareciera una broma de mal gusto el hecho es real, ocurre en los albores del Siglo XXI, en medio de la moderna y repoblada Ciudad de México, sede de los poderes centrales y todos sus excesos y desatinos. Lo interesante del asunto es que el hecho aparentemente aislado, da cuenta de una serie de sucesos que parecen ir in crescendo en medio de la galopante y cada vez más común, cultura del despojo. Muestra de lo anterior, son los sucesos lamentables de la aprobación de la llamada “Ley Mendoza” (Ley de Asociaciones Público-Privadas), y las decisiones del Gobierno de Baja California Sur contrarias al interés público, cuando queda claro de qué lado operan los llamados “gobiernos del cambio”. Tocante a este último tema: no podemos olvidar que la llamada Ley de Asociaciones Público-Privadas, promovida por el gobierno de Felipe Calderón, despertó la indignación de especialistas en derecho y asociaciones jurídicas al señalar estas públicamente, que dicho ordenamiento privilegia (como queda claro) el desarrollo de infraestructura pública con inversión privada, e incluso, las expropiaciones de bienes públicos o privados a favor del capital privado, ya sea éste nacional o extranjero, al establecer como causa de utilidad pública la adquisición de inmuebles, bienes y derechos necesarios para realizar proyectos de asociación público-privada. Lo anterior según los propios especialistas vulneraria la concepción jurídico-política del estado, como único rector de los bienes propiedad de la nación, ante la promoción de una utilidad pública sospechosa (a decir de los juristas), que buscaría claramente el desmantelamiento de ese mismo estado, pasando a fracturar (en el caso de BCS) la independencia de los municipios, para rematar.

Otra clara muestra de la arbitrariedad imperante por parte de los gobiernos, independientemente de su filiación, es la reciente liberación por parte del INAH para la construcción de OXXOS en edificios históricos o zonas arqueológicas, tal es el caso de San Pedro Cholula, en donde un grupo de expertos internacionales denuncio la construcción de una tienda en calles 13 Oriente y 4 Sur, en franco desacato a las regulaciones en la materia, que claramente prohíben edificar o excavar. Dichos actos de vulneración al patrimonio nacional, se han repetido en pleno Centro Histórico de Mazatlán, e incluso en Comala, Colima (Pueblo Mágico), ante la molestia de los ciudadanos quienes han denunciado estos actos de vandalismo gubernamental, en contubernio con empresarios depredadores. En relación al tema, la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, señala en su Artículo 27: “Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles”. Del mismo modo, Artículo 32: “El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya substracción de materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes”. En síntesis, y tal como lo consagra el Artículo 27 de la Constitución Mexicana, ningún bien propiedad de la nación, llámese edificio histórico o artístico, e incluso las propiedades como tal, podrán ser utilizadas o incluso expropiadas, sino es por la sustitución de otro bien, que sea de utilidad pública. Ante tal cuestionamiento, cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿en que beneficia a los vecinos de Cholula la construcción de una empresa insaciable, que además vulnera la libre decisión de los pequeños empresarios de ejercer libremente el comercio? ¿Cuál es el beneficio hacia los vecinos del Centro Histórico de Mazatlán? ¿Cuál es el bien público del que gozarán los vecinos de Comala?

Ante la aprobación de leyes perniciosas, en total desacato a la libertad de tránsito, con tramos y accesos a playa controlados por los particulares en el caso de los destinos turísticos, y el saqueo público de los bienes propiedad de la nación ante la mirada impotente de los ciudadanos, no faltará mucho tiempo para que en la propia calle, los mexicanos sean molestados en su persona o bienes por guardias de seguridad (privada) que les pregunten: ¿usted para donde va? ¿Qué está haciendo aquí?

Mientras la tensión continúa en aumento, y los ciudadanos son vejados por los gobiernos criminosos que les arrebatan el patrimonio y aumentan los impuestos, tal vez el próximo dueño de Bellas Artes (que se presume incógnito), ya se frota las manos codiciosamente.

 


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