El Senado de la República aprobó este miércoles modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, reforma que en redes sociales y durante el debate legislativo ha sido denominada “Ley Antimemes”.
El proyecto fue avalado en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra, mientras que en lo particular obtuvo 68 votos a favor y 34 en contra.
Uno de los puntos centrales es el artículo 403 Bis, que establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas con la finalidad de inducir al error o engaño para cometer un ilícito.
El texto aprobado establece que deben concurrir esas condiciones para que se configure la conducta sancionada. Por ello, la disposición no plantea una pena automática por elaborar o compartir un meme, una parodia o una sátira política, sino que vincula la sanción con el uso de elementos oficiales a escala comercial y “con una finalidad de engaño relacionada con la comisión de un delito”.
Durante la discusión, legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la redacción del artículo y señalaron que podría generar interpretaciones que afecten contenidos de crítica política, caricaturas, memes y sátira.
La senadora Guadalupe Murguía sostuvo que, aunque el artículo no menciona de manera específica esos contenidos, algunos conceptos podrían quedar sujetos a interpretación de las autoridades.
Desde Morena, el senador Javier Corral rechazó que la reforma tenga como objetivo sancionar la crítica o la sátira política y explicó que la modificación realizada en comisiones busca precisar que el delito se configura cuando el uso de la identidad gráfica oficial tenga como propósito inducir a error o engaño para cometer un ilícito relacionado con el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático u otra actuación atribuible a una institución pública.
La reforma forma parte de un proyecto más amplio en materia de propiedad industrial y derechos de autor.
El expediente legislativo señala que también se actualizan sanciones contra distintas conductas relacionadas con piratería, falsificación y otros usos no autorizados de obras y elementos protegidos.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo federal el 1 de junio de 2026 y posteriormente fue dictaminada por las comisiones de Justicia, Economía y Estudios Legislativos del Senado.
Con la aprobación en el Senado, el proyecto deberá continuar su proceso legislativo en la Cámara de Diputados.
