El estado de emergencia implementado en El Salvador para combatir a las pandillas, y que cuenta con un amplio apoyo público, se mantendrá hasta que todos los delincuentes sean capturados, esto tras aprobarse la minuta en el Congreso de El Salvador, incluso cuando las cárceles se llenen y las denuncias de abusos contra los derechos humanos aumenten.
«Se aprueba prolongar el régimen de excepción» por onceavo mes consecutivo, señaló el decreto apoyado por 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral, controlado por el oficialismo, a pedido del gobierno de Bukele. «El país ya cambió, no vamos a dar un paso atrás, y es por los resultados exitosos que se están teniendo en la calle, en donde vamos a sacar a todos los pandilleros», dijo el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
Desde que el presidente Nayib Bukele solicitó al congreso del país que aprobara un estado de excepción en marzo del año pasado, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 64 mil presuntos pandilleros y asociados. Las autoridades estiman que tienen alrededor de 10 mil arrestos más por realizar y la medida se ha extendido periódicamente.
«Mientras tengamos a estos homicidas y estos terroristas huyendo y escapando dentro del territorio nacional esta medida debe de continuar», dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en una entrevista la semana pasada.
El funcionario agregó que las autoridades salvadoreñas estaban trabajando con sus contrapartes en el sur de México, Guatemala y Estados Unidos para encontrar a un número no especificado de líderes de pandillas que habían huido. La represión a las pandillas salvadoreñas ha reducido a más de la mitad los asesinatos en uno de los países más asolados por el crimen en el hemisferio occidental, atrayendo el interés de otras naciones que luchan contra la violencia de las pandillas y planteando preguntas sobre qué están dispuestos a ceder los ciudadanos para vivir en calles más seguras.
Con casi el 2% de su población adulta tras las rejas, El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo y recientemente inauguró una de las cárceles más grandes de la región, con capacidad para 40 mil reclusos. Bajo el estado de emergencia se han suspendido algunos derechos constitucionales. Los arrestos pueden realizarse sin una orden judicial, el gobierno tiene acceso ilimitado a las comunicaciones privadas y los derechos de los detenidos a un abogado han sido archivados.
Pero la gran mayoría de las personas en El Salvador dicen que aprueban el enfoque de línea dura y se sienten más seguros. Una encuesta presentada este mes por la encuestadora CID Gallup encontró que el 92% de la población apoya el estado de excepción. Incluso, el presidente Nayub Bukele destacó que llevan más de 300 días sin homicidios en el país.
En 2022 los homicidios cayeron un 57% a 495, desde mil 147 en 2021, según cifras oficiales. La extorsión, una de las principales fuentes de ingresos de las pandillas, se ha desplomado, particularmente en la capital. Según el Gobierno, entre marzo y agosto del año pasado, las empresas de autobuses habían ahorrado alrededor de 50 millones de dólares por no pagar extorsión.
En Santa Tecla, una ciudad en las afueras de la capital, San Salvador, el mecánico Manuel, de 45 años, dijo que había pagado dinero por extorsión durante 12 años. Cada dos semanas entregaba los billetes a sicarios de la temible Mara Salvatrucha, que amenazaban con matar a su esposa y cuatro hijos si no pagaba. A menudo se vio obligado a arreglar los autos de la pandilla de forma gratuita. Durante Navidad pagaba el doble de extorsión. Pero desde julio, nadie ha venido a cobrar el pago, confesó.
«Hay más seguridad. Me siento más tranquilo, puedo salir a caminar. Salgo a caminar todas las noches con mis hijos pequeños por toda la colonia», dijo a Reuters. «Antes ni los sacaba».
Los resultados de la represión han llevado a otros países de la región a considerar políticas similares, incluido Honduras, que implementó una versión reducida en diciembre pasado. El Salvador también ha hablado de ofrecer apoyo a Haití, que ha pedido ayuda a la comunidad internacional para poner fin a la violencia de las pandillas que ha dejado gran parte de su territorio fuera del alcance del gobierno.
Villatoro aseguró que los derechos restringidos en El Salvador eran necesarios para garantizar la seguridad y solo se levantarían cuando el riesgo de seguridad «llegue a números cercanos a cero».
«La mayoría de salvadoreños no se ha visto sometido a esa supresión de derechos porque eso recae sobre los miembros de las pandillas» aseguró.
