Investigan si más funcionarios participaron en el desfalco millonario del CECOP Sonora

Tras confirmarse el presunto desfalco de más de 60 millones de pesos en el que se le relaciona a un funcionario de alto nivel dentro del Consejo Estatal para la Concertación de Obra Pública (CECOP) en Sonora, tres servidores públicos más son investigados para determinar su participación en dicho hecho.

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, María Dolores del Río Sánchez, detalló que las indagatorias que realiza su dependencia se llevan a cabo de manera paralela a las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Recordó que fue a principios de abril cuando se inició con las indagatorias, tras la denuncia que presentó el ahora ex titular de esa dependencia estatal, David Mendoza, lo que derivó en una auditoría para conocer el fondo del asunto.

María Dolores del Río Sánchez

“Nosotros calculamos que para diciembre podríamos estar dando los resultados de estos servidores públicos, los resultados de la investigación en relación a estos servidores públicos”, pronunció, aunque no detalló si dentro de este grupo está incluido Juan Alán “N”, quien permanece prófugo de la justicia.

Debido a que aún está en curso el proceso, evitó dar mayores detalles, pero sostuvo que hay un respaldo por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño a las acciones que realiza la dependencia a su cargo para que se actúe en consecuencia, en caso de existir casos de corrupción o de otro tipo.

Son temas muy delicados que involucran a personas que tienen que ver con algo así, mientras no termine el proceso, no podemos definir si hay una acción de culpabilidad

Se incrementaron inhabilitaciones

Sobre las medidas tomadas durante este 2025, la funcionaria estatal abundó que se han hecho vigentes 23 amonestaciones y 92 inhabilitaciones a funcionarios públicos. La mayoría de estas sanciones fueron aplicadas debido a la falta de presentación oportuna de la declaración patrimonial o por señalamientos relacionados con acoso sexual o laboral.

Señaló que, de los 66 mil servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, este año solo uno no cumplió con el plazo establecido, lo que refleja un alto nivel de cumplimiento en este rubro.

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Redacción
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