Seis órdenes de aprehensión contra el ex director de la Policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos, y cinco agentes de esa corporación fueron cumplimentadas este jueves por su presunta participación en delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, derivadas de denuncias presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Aunque las autoridades no han detallado aún los cargos específicos que se imputan a los detenidos, se informó que las acusaciones están relacionadas con el abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y otras conductas violatorias de los derechos fundamentales.
Tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado como la CEDH indicaron que se seguirá ampliando la información conforme avancen los tiempos procesales, en tanto que los detenidos fueron puestos a disposición del juez que emitió las órdenes de aprehensión.
De manera extraoficial, la detención del ex comisario y los cinco oficiales se realizó tras una investigación iniciada meses atrás, luego de que se hicieran públicas acusaciones sobre el presunto traslado forzoso de personas en situación de calle desde Hermosillo hasta Navojoa. Estos hechos habrían ocurrido durante los días previos a las Fiestas del Pitic, celebradas en mayo pasado, y fueron señalados como actos que atentaron contra la dignidad y libertad de personas vulnerables.
De acuerdo con los testimonios y evidencias recabadas por la CEDH, elementos de la policía municipal habrían realizado operativos en el centro de la ciudad para detener a personas en situación de calle y transportarlas, sin su consentimiento ni justificación legal, a un albergue en el sur del estado, a más de 300 kilómetros de distancia. La presunta actuación fue denunciada como un acto de limpieza social encubierta, en el contexto de los festejos culturales que anualmente organiza el ayuntamiento de Hermosillo, a cargo de Antonio Astiazaran Gutiérrez.
Tras la difusión del caso en medios y redes sociales, y luego de la apertura formal de la investigación por parte de la fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el entonces director de la Policía Municipal presentó su renuncia al cargo en junio. La administración municipal se deslindó públicamente de las acciones y aseguró que colaboraría con las autoridades correspondientes.
