Inversionistas extranjeros desconfían de México por reformas de AMLO, por tercer año consecutivo, México quedó fuera del ranking de los 25 países más atractivos para la atracción de Inversión Extranjera Directa, esto debido a cambios institucionales y reformas –como la energética– que busca imponer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En la presentación del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2022, el director general de la consultora Kearney, Ricardo Haneine Haua, indicó que los inversionistas consideran que México es menos atractivo para llevar sus inversiones derivado de los cambios en las reglas para las empresas y por temas internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania.
“Aun cuando México mejoró su índice de confianza, sigue fuera de los 25 países más atractivos a nivel global para canalizar inversión extranjera directa. Las expectativas de cambios institucionales y en las reformas que dan competitividad a la economía moderna, como la energética, así como las inversiones en infraestructura del gobierno federal, son los temas que contrarrestan el posicionamiento positivo de México con los inversionistas globales”, afirmó.
Haneine Haua afirmó que los efectos de la reforma eléctrica no abonan a un desarrollo y crecimiento de México, ya que habría una desventaja para las empresas del sector privado tanto nacionales e internacionales, lo que podría alejar a más inversiones del territorio mexicano si la reforma pasa tal cual está confirmada.
“Por mantener el posicionamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la industria y todos los elementos competitivos de lo que estamos hablando en el sector moderno de la economía de México, van a tener esa brecha de desventaja competitiva, y lo van a hacer menos atractivo para seguir generando inversiones y sobre todo para las siguientes, para los 10 o 15 años, vamos a estar perdiendo posicionamiento total”, advirtió.
Indicó que otros factores que dañan la competitividad y el crecimiento de la inversión hacia México son el aumento en las presiones hacia las instituciones autónomas, los retrocesos en políticas públicas, la propuesta de la administración sobre la reforma eléctrica y la baja proactividad para impulsar el crecimiento.
