La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó de manera provisional al gobierno del presidente Donald Trump reanudar las redadas contra inmigrantes indocumentados en el sur de California en una decisión que revierte la suspensión que habían ordenado tribunales federales y de apelación, que habían considerado estas detenciones contrarias a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Las redadas se realizan en espacios vinculados a la contratación de mano de obra inmigrante, como paradas de autobuses, lavaderos de autos, campos agrícolas y ferreterías.
Organizaciones civiles han señalado que este tipo de operativos se basan en “criterios de perfilamiento racial al considerar apariencia étnica, idioma o tipo de trabajo, sin que exista una sospecha razonable individualizada”.
El juez Brett Kavanaugh sostuvo en una opinión separada que la inmigración irregular representa una proporción significativa de la población en Los Ángeles, estimada en 10%.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor expresó su desacuerdo, al señalar que permitir detenciones por apariencia o idioma abre la puerta a acciones arbitrarias.
Diversos estudios destacan que la mano de obra indocumentada es fundamental en sectores como agricultura, construcción y servicios.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que 42% de los trabajadores agrícolas carece de autorización legal.
Según el Institute on Taxation and Economic Policy, los inmigrantes indocumentados contribuyen con más de 11 mil millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales, cifras que reflejan la relevancia de su actividad en cadenas de producción y suministro que también impactan a los estados del Golfo de California y la región del Pacífico mexicano, donde existe un fuerte vínculo comercial con California y su sector agrícola.
El fallo de la Corte Suprema tendrá efectos mientras el tribunal de apelaciones resuelve el fondo del caso o hasta que el propio máximo tribunal intervenga nuevamente.
Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la extensión de estas operaciones hacia otros estados, incluyendo Illinois.
