Con base en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puerto Peñasco y otros ocho centros penitenciarios en Sonora recibieron calificación aprobatoria informó, Nicollino Cangiamilla Enríquez.
El coordinador estatal del Sistema Penitenciario informó que se supervisaron 13 instalaciones penitenciarias del estado y, además del de Puerto Peñasco, los Ceresos Hermosillo I, Hermosillo II, San Luis Río Colorado, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Magdalena y Caborca, fueron aprobados. Mientras que los centros femenil y varonil de Nogales, así como el de Agua Prieta y Ciudad Obregón presentaron calificación no aprobatoria.
Recordó que en 2021 solamente cuatro Centros de Reinserción Social fueron aprobados y el resto estaba en semáforo rojo. Por ello, desde el inicio de la presente administración, como parte de las acciones para la reinserción social, se trabaja en forma integral para dignificar las condiciones de la población penitenciaria.
Expuso que, actualmente, se cuenta con el apoyo de instituciones como Sistema DIF Sonora, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Secretaría de Salud Pública, así como organismos de la sociedad que coadyuvan con el Sistema Penitenciario en los procesos de mejora continua.
El coordinador del Sistema Penitenciario manifestó que es instrucción de María Dolores del Río, secretaria de Seguridad Pública, redoblar esfuerzos para garantizar una estancia digna a las personas privadas de su libertad.
En el caso específico del Cereso de Puerto Peñasco, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 de la CNDH indica que tuvo una calificación total de 6.62 con tendencia a la alza, con lo cual es el segundo mejor evaluado solo por debajo del penal de Magdalena, que tuvo 6.64.
Entre los aspectos a los que es importante prestar atención se detectó insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos; deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad; inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; deficiente separación entre procesados y sentenciados; inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad; deficiencia en la atención a personas LGBTTTI; e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Por otro lado, se observó una apropiada atención en la distribución de personas privadas de la libertad; el número de personas privadas de la libertad con relación a la capacidad del centro; supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular; Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas; capacitación del personal penitenciario; inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos); procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; integración y funcionamiento del Comité Técnico; vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad; atención a personas indígenas y atención a personas que viven con VIH/SIDA.
