Dos hombres identificados como Enrique “N” y Enrique “N” fueron imputados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) por su presunta participación en un fraude de 2 millones 50 mil pesos en contra de una mujer en Hermosillo.
Los hechos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2024.
El caso ya está en manos de un juez, quien impuso prisión preventiva justificada para ambos acusados.
¿Qué pasó exactamente?
Según la investigación de la Fiscalía de Sonora, los hechos comenzaron el 6 de septiembre de 2024.
Los dos imputados presuntamente convencieron a una mujer de que invirtiera su dinero en un negocio que describieron como “seguro”.
El engaño tenía varios elementos diseñados para generar confianza:
- Les prometieron una ganancia mensual del 4.167% sobre el capital aportado.
- Aseguraron que el dinero sería destinado a empresas formalmente constituidas.
- Dijeron que los fondos se usarían para otorgar créditos personales a maestros y empleados de gobierno.
- Garantizaron que esos préstamos eran recuperables vía nómina, lo que los hacía aparentemente seguros.
La víctima realizó diversas transferencias bancarias entre septiembre y octubre de 2024.
El monto total que entregó fue de 2 millones 50 mil pesos. Hasta la fecha, no ha recuperado ni los rendimientos prometidos ni su capital inicial.
¿Qué se sabe hasta ahora de los imputados?
La Fiscalía ejecutó una orden de aprehensión en contra de los imputados, ambos identificados como Enrique “N”.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso.
La defensa pidió ampliar el término constitucional, por lo que la decisión sobre la vinculación a proceso aún no está resuelta.
El juez ya les impuso prisión preventiva justificada, lo que significa que permanecerán detenidos.
No se ha informado si los imputados tienen antecedentes penales o si están relacionados con otros casos similares.
Lo que la Fiscalía quiere dejar claro
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora declaró, a través de su comunicado, que reafirma “su compromiso de investigar con rigor los delitos patrimoniales, proteger a las víctimas de fraude y llevar ante los tribunales a quienes, mediante engaños, afecten el patrimonio de las personas”.
