El gobernador, Alfonso Durazo Montaño, reiteró la disposición de la administración para participar como mediador en el conflicto laboral que mantiene en huelga a la Universidad de Sonora (Unison) al considerar que la prioridad es alcanzar un acuerdo que permita el regreso de miles de estudiantes a las aulas.
Explicó que actualmente el Estado aporta el 50% de los recursos que recibe la institución, mientras que el otro 50% proviene de la Federación.
Manifestó que a ello se suman 200 millones de pesos adicionales que serán entregados este año y que no forman parte del convenio de financiamiento compartido.
Durazo Montaño destacó que tanto la Universidad de Sonora como el Gobierno estatal han realizado gestiones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para conseguir recursos extraordinarios,mismos que ya fueron dados a conocer a la representación sindical durante las negociaciones.
El gobernador consideró indispensable que continúe el diálogo entre las autoridades universitarias y el sindicato, con la intensidad y frecuencia necesarias para lograr un acuerdo que permita levantar la huelga en el menor tiempo posible.
Subrayó que los estudiantes son quienes enfrentan las mayores afectaciones por la suspensión de actividades académicas, especialmente aquellos que se encuentran en la etapa final del semestre y deben presentar exámenes o concluir trámites escolares.
Asimismo, manifestó preocupación por los alumnos foráneos que permanecen en Hermosillo pagando renta y otros gastos mientras esperan la reanudación de clases, confiando en que el conflicto pueda resolverse pronto.
Reveló que una de las principales inquietudes planteadas por la representación sindical fue la regularización de adeudos relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Ante esa situación, informó que sostuvo conversaciones con la presidenta de México y con autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para construir una propuesta que permitiera liquidar el rezago en un plazo de cinco o seis años, con pagos aproximados de 10 millones de pesos mensuales, equivalentes a 120 millones de pesos anuales.
Dichas gestiones fueron suspendidas cuando la dirigencia sindical comunicó que ese tema había dejado de ser una prioridad dentro de sus demandas.
