El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue procesado este jueves por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, decisión emitida por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de una investigación relacionada con la contratación de seguros para organismos públicos durante su mandato de 2019 a 2023.
Según el fallo, se acusa a Fernández de haber autorizado contratos con un intermediario para asegurar oficinas del Estado, cuando estos podían haberse gestionado de manera directa a través del Banco Nación, como lo establecía un decreto firmado por el propio exmandatario.
El corredor de seguros implicado es esposo de la exsecretaria personal de Fernández.
El juez también ordenó el embargo de bienes y dinero por un total de 14 mil 634 millones de pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente 10 millones de dólares según el tipo de cambio oficial.
La investigación se basa en pruebas extraídas del teléfono celular de la exsecretaria del exmandatario.
La abogada defensora de Fernández, Mariana Barbitta, afirmó que no existe delito y que no se encontraron pruebas de sobreprecios ni de direccionamiento en los contratos.
Según su declaración a un medio local, considera que se trata de “un intento por instalar sospechas sin fundamento legal”.
Durante el análisis del dispositivo móvil, surgieron además elementos relacionados con una denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez, expareja del expresidente.
En esa causa, Fernández enfrentará un juicio oral por los delitos de lesiones graves y amenazas coactivas.
